Fotos: Axel Hernández
El despliegue de diez mil efectivos policiales en torno al Estadio Azteca para su partido inaugural, luego de las reparaciones hechas de cara a recibir el Mundial de fútbol que comienza en junio, motivó a las vecinas y militantes a mover el sitio donde se reúnen cada domingo desde fines de 2025. Una forma de evitar la violencia policial, la criminalización y apostar por el disfrute del juego bonito.
El nuevo punto de reunión para la protesta fue elegido fuera del cerco policial planteado por el gobierno: “lo que escuchamos en la conferencia de prensa que dio la jefa de gobierno fue que este es el mismo protocolo que tienen con la Fórmula 1, pero nosotros vemos que aquí hay más policías, sobre todo porque aquí no hay un espacio de contención como tiene el Velódromo o el Foro GNP”, analizó Natalia Lara, una de las voceras del movimiento.
Lo que dice es cierto: mientras otros espacios para eventos deportivos tienen un cierto margen de distancia de la zona habitada, el Estadio Azteca vino a interferir en la vida comunitaria de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México desde su apertura en 1966. “Pensamos que, con el cerco policial más la idea de que habrá unidades anti-terroristas y todo lo que implica la FIFA, iba a ser para nosotros kamikaze llegar a la Calzada de Tlalpan, y no nos iban a ver tampoco”, explicó.
La organización de base que rechaza los efectos negativos del Mundial en la capital mexicana buscó algunos puntos alternativos para la realización de la protesta, en busca de bajar el riesgo que implicaba meterse en “la boca del lobo” del despliegue policial anunciado para al evento. Parte de lo necesario del nuevo lugar era que estuviera cerca del bajopuente, porque la convocatoria a la Mega-reta como protesta por la inauguración del Azteca ya estaba en circulación y querían evitar la confusión de quienes quisieran sumarse a la actividad en rechazo a la FIFA.

“Buscamos puntos estratégicos donde se pudiera llevar de forma alterna el evento. Había propuestas de hacer la Mega-reta en el Zócalo, donde se instalaron las pantallas gigantes para ver el partido, o en la avenida Reforma, donde está el reloj mundialista, pero pensamos algo más cerca”, explicó la fuente.
El lugar elegido fue la esquina de la avenida Periférico y Zapote, justo donde se encuentra la sede de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), que lleva una semana en paro de actividades por la agresión policial a uno de sus estudiantes el pasado 23 de marzo, en los alrededores del metro Ciudad Universitaria.
“En el primer proyecto del conjunto Estadio Azteca la ENAH estaba dentro del círculo de impacto, y la veían como el límite de la afectación que iban a sufrir las colonias con este proyecto inmobiliario. Sí ha sido un foco visualizado por la misma televisa como estrategia de entrada, y de movilidad para acceder al Estadio Azteca”, explicó Lara.
La ENAH brindaba también mayor seguridad a los asistentes, un elemento clave al momento de proyectar una protesta.
Control total

El despliegue policial puso en jaque a la organización popular y también a toda la vecindad de la zona. Así lo denunciaron de forma conjunta, señalando que, para los colectivos que se han articulado en la defensa territorial frente al despojo del evento deportivo, este protocolo de seguridad “atenta contra el derecho humano a la protesta y dispone de un escenario para la represión”, que los coloca ante el ojo público como “si fuéramos enemigos a combatir”.
Menos de doce horas antes de que se pusiera en marcha el cierre, en Santa Úrsula se realizó una reunión en el pueblo, donde las autoridades locales comunicaron a los vecinos que desde las 5 de la mañana del sábado 28 comenzaría el cierre de las calles de las colonias comprometidas por la decisión desde arriba, y no tendrían formas de circular libremente para salir y entrar de su barrio y sus casas.
“Habíamos visto ya que iban a cerrar ciertas calles, pero no sabíamos cómo serían los polígonos, y estábamos a la espera de ver cómo iba a ser. Pero ahora, ¿qué tiempo de planeación van a tener las personas cuando les acaban de avisar? Esa es la descoordinación total del gobierno”, apuntó Lara.
La sospecha entre las activistas tiene que ver, por un lado, con el nivel de “peligrosidad” que arbitrariamente se les endilga desde el poder y la FIFA al tomar el espacio público, incluso cuando se hace de manera pacífica para jugar al fútbol y compartir el alimento y la palabra; y por otro, con el mega despliegue que también busca evitar que se acerquen a la zona del evento deportivo los comerciantes ambulantes y callejeros que ganan su jornal vendiendo en este tipo de eventos masivos.

Estos riesgos se sumaron a los “periodicazos” recientes, donde se les acusa a las manifestantes de “vandalismo” por haber intervenido semanalmente la propaganda que la refresquera multinacional Coca-Cola tiene concesionada en el espacio. Algo que ocurrió, por cierto, luego que el gobierno ocupara el muro que las comunidades vecinales de la zona llevaban años usando para protestar.
“Nos llamó mucho la atención que estábamos ahí haciendo las acciones que hacemos todos los domingos, cuando los periodistas de esos medios nos entrevistaron. Estaban ahí y tomaron reporte de la acción de protesta, pero en la nota que salió dice que se había vandalizado el puente a las dos de la mañana, mintiendo con que habíamos aparecido de la nada y nos habíamos puesto a pintar, molestando a los vecinos. Se dijo falsamente que estábamos dañando patrimonio cultural, cuando lo que se interviene es una publicidad de Coca-Cola”, explicó Natalia en entrevista con Desinformémonos.
Este mecanismo criminalizante ya tenía otros antecedentes en redes sociales, e incluso desde las propias palabras del poder político y por medio de operadores del partido de gobierno, que han dedicado tiempo y recursos a individualizar y exhibir a los inconformes en redes sociales.
Sin embargo, cuando la asamblea del bajopuente ya había anunciado su cambio de sede para la Mega-reta y apenas unas horas antes de la inauguración oficial del ahora Estadio Banorte, las vecinas recibieron una comunicación del gobierno de la Ciudad de México, de parte de Juan Carlos Gómez, director ejecutivo de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la regional sur, ofreciéndoles apoyo para que llegaran al sitio usual del bajopuente a echar la reta. Lo rechazaron. La protesta sería en otra parte.
“Vemos que las retas han sido lo que más le molesta al gobierno de lo que hemos hecho, más incluso que haber cerrado las calles, lo que más los ha puesto en jaque a ellos ha sido que juguemos al fútbol”, señaló.
Mega-reta inaugural

Mientras el sur de la capital amaneció completamente intervenido por el despliegue anunciado en el protocolo gubernamental en favor del evento deportivo privado, pasado el mediodía de este 28 de marzo los manifestantes cortaron el tráfico vehicular del carril central del Periférico sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
La pancarta que cruzó el arroyo vehicular decía: “Déjanos jugar, ¿o nos vas a reprimir?”.
Durante más de una hora, fueron rodeados por efectivos de la policía, a través del método represivo de encapsular a los manifestantes para no permitir que nadie entre o salga de la protesta (llamado kettling), que se relaciona con la FIFA desde el Mundial en Brasil, en 2014.
Entre 500 y 300 granaderos pertrechados con escudos, e integrantes de los cuerpos especiales represivos llamados Zorros y Marco Polo, rodearon a la gente, aumentando la tensión durante la primera hora de la protesta debido a la agresividad de su despliegue que, incluso, tomó control del puente peatonal sobre el Periférico. Mientras esto ocurría en las puertas de la ENAH, el espacio que cada semana ocupa la Asamblea contra las Megaconstrucciones de Tlalpan y Coyoacán estuvo, efectivamente, copado por efectivos policiales de la Ciudad de México.
Además, las manifestantes denunciaron ante la nutrida delegación de observadores de la Comisión de Derechos Humanos local (que llevó a 26 personas al mando de Chasel Colorado, directora general de quejas, y Citlali Hernández, directora ejecutiva de promoción y agendas en derechos humanos) que los granaderos sobre la lateral con escudos para la represión se quitaron la identificación que deben exhibir por protocolo, y que permite identificarles en caso de violencia y abuso de la fuerza pública.

Dada la tensión que implicó el despliegue policial excesivo, incluso en este perímetro que no está cerca del Estadio ni del evento oficial en Santa Úrsula, las manifestantes buscaron una forma de interlocución con el representante de gobierno, que estaba presente en la protesta, para abrir la circulación del carril central de Periférico pasada la 1 de la tarde, siempre y cuando se retiraran los elementos policiales que les tenían rodeados. Lentamente, el acuerdo fue dejando paso a la alegría del juego y la lucha social.
Con cánticos como “queremos vivienda, queremos maíz y a las inmobiliarias ¡fuera del país!”, y pintas en los muros del Periférico, la mega-reta abrió un espacio para la expresión de la inconformidad social con la desigualdad estructural que eventos como el Mundial agravan.
Primero, trazaron la cancha en el piso del carril central y, cuando la policía se retiró, la práctica del fútbol de abajo, en protesta y consciente, se mudó hacia la lateral del Periférico, donde gruesas líneas de cal blanca abrieron el camino para retomar la práctica en la calle, echar la reta y romper el mito de la privatización del deporte rey en América Latina.




