Fotos: Eliana Gilet
Con un fuerte operativo policial, el gobierno de la Ciudad de México dio inicio al anunciado protocolo de contención de manifestaciones, como parte de la respuesta dada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, a la marcha antigentrificación del pasado 4 de julio.
El reclamo de este nuevo movimiento, articulado por jóvenes desde sus redes sociales, denuncia que el proceso de gentrificación de la Ciudad de México es un mecanismo neocolonial, que ha desplazado a la población originaria para volcarse a la recepción del turismo y los migrantes del norte global.
Esa irrupción pública del reclamo por la falta de acceso a una vivienda digna cobró mayor impacto mediático gracias a la ruptura de vidrios y el saqueo de algunas tiendas de ropa y cadenas de marca internacional durante la marcha anterior, tras la cual Brugada anunció una serie de medidas que pretenden controlar el aumento desmedido del costo de las rentas en la ciudad, pero también comunicó que las manifestaciones pasarían a ser contenidos policialmente, como ocurrió este 20 de julio.
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Desde temprano en la mañana, los comercios sobre la avenida Insurgentes Sur hacia el Metrobús Fuentes Brotantes, punto de reunión de la manifestación, taparon sus ventanas, mientras otros optaron por anunciar en mantas frases como “negocio familiar mexicano”, “comercio 100% mexicano” y “urge regulación de vivienda”.
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“Soy una persona que está marchando y me parece excesiva la cantidad de granaderos que hay y policías encubiertos para las personas que somos, pero ya se verá qué pasa”, dijo un joven presente en el evento, consultado por Desinformémonos.
Otro de los vecinos que forma parte de la manifestación comentó a este medio que se habían puesto en comunicación previamente con la Comisión local de Derechos Humanos, “para que nos dieran acompañamiento y que, en caso de que nos golpearan, intervinieran ellos”. También estuvieron en comunicación con el área de concertación ciudadana de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, “y se prestaron también para dar seguimiento y evitar cualquier trifulca”.
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Al consultarle por la desmedida presencia policial en el sitio de la manifestación, el consultado —que prefirió mantener el anonimato dada la criminalización que han sufrido (algo que reclamaba en voz alta una de las manifestantes, pidiendo a los medios que no retraten sus rostros)— lo relacionó con el evento que ha aumentado la conflictividad en la zona sur de la capital mexicana: “ahorita tratan de evitar los destrozos porque lo que está en juego es el Mundial”.
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La próxima realización en México del Mundial de la FIFA 2026, cuyo partido inaugural será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, ha aumentado la presión sobre la zona sur de la ciudad —donde el recinto está ubicado— y ha exacerbado largos conflictos, como el rechazo de los vecinos a la concesión de un pozo de extracción de agua a Televisa.
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“Hay mucha presión por que no haya relajos aquí en la Ciudad de México”, explicó la fuente, mientras el despliegue policial comenzó a rodear y encapsular a todos los manifestantes, en torno al Metrobús Fuentes Brotantes, obturando con su despliegue la realización de la movilización durante más de una hora.
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La marcha fue convocada para manifestar el rechazo por la construcción del proyecto inmobiliario Fuentes Brotantes 132, donde la constructora Graus proyecta construir 52 casas de lujo dentro del predio de Fuentes Brotantes, una zona de la alcaldía Tlalpan declarada como parque nacional desde 1936.
La presión de la industria inmobiliaria sobre los territorios que implica este tipo de megaproyectos ha encendido el conflicto social entre los vecinos de Santa Úrsula Xitla, y viene a extender hacia el sur de la Ciudad de México las denuncias de gentrificación que, en la marcha del 4, se concentraron en la zona central, principalmente en las colonias Roma y Condesa.
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Encapsulados por la policía, los manifestantes lograron iniciar su marcha pasadas las cuatro de la tarde, con la cual exigieron que se cancele el proyecto inmobiliario y que su gestión pase a ser comunal, en manos del pueblo originario de Santa Úrsula Xitla, “con autonomía sobre su territorio y recursos”.
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La particularidad fue que la misma fue escoltada por filas de antimotines por ambos lados durante todo su recorrido, marcando el tenor del despliegue represivo que caracterizará el control policial del descontento social, durante el año que resta, hasta que comience la Copa.
