Foto: Ciclovía en construcción
A las protestas surgidas ante la construcción de una ciclovía vinculada al próximo Mundial, se suman otros problemas graves gestados a la sombra de múltiples desarrollos inmobiliarios que han cambiado la fisonomía de los barrios circundantes. En unos y en otros, destaca la falta de legitimidad social para los cambios mayúsculos que el gobierno quiere implementar.
Las primeras obras públicas destinadas a modificar la Ciudad de México de cara al próximo Mundial de fútbol 2026 han despertado el conflicto sobre la calzada de Tlalpan. Bautizada como “la Gran Tenochtitlán”, la construcción de una ciclovía en ambos lados de la vía rápida que recorre la ciudad de centro a sur provocó resquemores de los comerciantes y trabajadores de la zona, que han visto mermada su actividad económica debido al alejamiento de transeúntes y automovilistas.
“El prototipo de la ciclovía nos vulnera y nos deja sin trabajo a las sexoservidoras”, fue el reclamo con el que las trabajadoras sexuales de la calzada de Tlalpan se manifestaron ante el inicio de las obras, en agosto de este año. El formato elegido para intervenir el antiguo carril confinado del transporte público fue anunciado por el secretario Raúl Basulto, que tendrá 36 kilómetros en ambos sentidos, según publicó Laura Arana, en el diario El Universal.
Desinformémonos consultó a Manuel, uno de los ciclistas que ha participado en las instancias de presentación de la nueva obra, quien cuestionó su utilidad y construcción: “la ciclovía no es funcional, porque está muy mal hecha. No tiene bien establecidos los paraderos para transporte público, tampoco está pensado cómo se van a incorporar o salir los automóviles a la calzada de Tlalpan, que van a circular a partir del segundo carril”, explicó. Pero lo más preocupante, dijo, es que tampoco se ha anunciado cómo se dará mantenimiento a esta obra polémica, “ya que, como en todas las ciclovías anteriormente construidas en la ciudad, ninguna ha tenido mantenimiento”, subrayó.
Además de estos problemas con una ciclovía que se considera “mal hecha”, existe otra obra pública de mayor impacto para la zona, pero que ha sido mucho menos publicitada y conocida, según denunciaron los vecinos que hablaron con Desinformémonos: la construcción de un segundo piso sobre la calzada de Tlalpan, desde la plaza Tlaxcoaque, en Pino Suárez, hasta el metro Chabacano.
“Desde que la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un segundo piso sobre la calzada de Tlalpan, como vecinos solicitamos información pública al respecto y hasta la fecha no tenemos un dato”, explicó a Desinformémonos Gabriela Ortega, una de las vecinas movilizadas.
La falta de transparencia respecto a los planes de intervención en la zona y las largas esperas y dilaciones para acceder a información oficial fidedigna han obturado la participación ciudadana y su papel fiscalizador. “Hemos metido escritos, hemos ido a audiencias públicas, a oficialía de partes, hemos acudido a reuniones para pedir información y señalar nuestros argumentos de por qué no se debe construir este segundo piso, pero hemos recibido mucha violencia institucional por la opacidad del Gobierno de la Ciudad, que ha intentado darnos atole con el dedo”, agregó.
La falta de consulta y consideración de vecinos y trabajadores de la zona es el factor común de molestia en todas las personas consultadas.
Sin trabajo ni respuestas
En la tarde del lunes 13 de octubre, un conjunto de trabajadoras sexuales convocó a una nueva manifestación, la tercera en dos meses, para exigir al gobierno que se haga cargo de las afectaciones que les ha causado la construcción de la ciclovía en las zonas dónde trabajan. “Estamos aquí para dar seguimiento a lo que el gobierno, por medio del subsecretario Fadlala Akabani, se comprometió y que no han cumplido”, explicó Ivana Hernández, una de las manifestantes, en diálogo con Desinformémonos.
Las organizadas denunciaron que aunque la zona de la calzada de Tlalpan, desde el metro Chabacano a Viaducto (donde convocaron su concentración en protesta) lleva al menos veinte años siendo usada para ejercer el trabajo sexual. “La construcción de la ciclovía está siendo una excusa para nuestro desplazamiento, para blanquear y gentrificar más la Ciudad de México, sin tenernos en consideración, y eso no lo vamos a tolerar”, sostuvieron al inicio del mitin.
Las trabajadoras elaboraron un pliego petitorio de siete puntos que han venido tratando con Akabani y con Hilda Téllez Lino, secretaria de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. “Desde setiembre hemos tenido cuatro juntas en las que hemos hablado con ellos de lo que queremos. Hemos hecho minutas, como antecedente de las peticiones que armamos a partir de que dos colegas se empezaron a manifestar y a convocarnos a las demás para buscar qué hacer con esta situación”, agregó Randy, otra de las presentes, en diálogo con este medio.
Los puntos reclamados por las trabajadoras sexuales organizadas incluyen el acceso a una canasta básica de alimentos suficiente para durar un mes, así como una compensación económica mínima de diez mil pesos; también que se les brinde seguridad a las que han levantado la voz, ya que han sido amenazadas y amedrentadas en los meses que lleva el conflicto con el gobierno; piden el acceso a vivienda por parte de la Secretaría de Vivienda y el INVI, así como a todos los programas sociales gubernamentales, especialmente aquellos para la tercera edad; y en particular, que se atiendan los problemas de salud específicos que aquejan a las mujeres trans.
“El subsecretario se comprometió a llevar a una persona con un puesto directivo del sector salud para atender el tema de los modelantes que muchas compañeras tienen en su cuerpo, que les generan dificultades por las que deberían ser integradas al sistema de discapacidad para que accedan a ese apoyo. Ese fue un acuerdo que se rompió otra vez”, explicaron a este medio. En cambio, las trabajadoras sexuales organizadas fueron revictimizadas en la reunión, ya que Akabani sólo estuvo presente unos minutos, para dejarlas con integrantes de la policía, entre los que identificaron a uno de sus agresores.
“En la reunión se intentó que las compañeras dijeran frente a los policías quiénes habían sido los agresores, cuando uno de esos agentes fue responsable. Estos funcionarios están fomentando dinámicas de violencia, y se nos hace algo sumamente violento encarar a las compañeras con sus agresores sólo para generar una simulación de que están haciendo algo por su seguridad, cuando no se está haciendo nada”, agregó Andrea, otra de las mujeres movilizadas.
El punto álgido sobre la construcción de la ciclovía se debe a que las organizadas también han exigido al gobierno que les entreguen los planos de construcción de la obra. “Hilda Téllez se había comprometido personalmente a entregarnos los planos, cosa que no ha hecho. Esto es parte de nuestras exigencias para ser integradas al tema, porque no sabemos a quién le preguntó el gobierno para decidir que habrá puntos de inclusión al trabajo sexual, ya que ninguna de las compañeras que hoy están aquí lo fue”, apuntó Randy.
La exigencia es conocer cómo va a cambiar para ellas la dinámica del trabajo sexual sobre la calzada de Tlalpan, en especial si el gobierno va a modificar los sitios permitidos para que muchas de ellas, que llevan una década ejerciéndolo en la zona, puedan continuar allí o no.
“El gobierno está presumiendo las juntas con nosotras como un ejemplo de un diálogo exitoso y estrecho con las trabajadoras sexuales, pero esto no es verdad. Los acuerdos no han sido cumplidos, ha sido una falta de respeto tolerar sus cambios de horario o la cancelación repentina de las reuniones. No se toman en serio el tiempo de las colegas, y es sorprendente que los funcionarios digan desconocer la legislación del trabajo sexual en la Ciudad de México”, apuntó en entrevista con Desinformémonos Lu La Brat, quien se solidarizó con la protesta como creadora de contenido en redes sociales en contra de la estigmatización y a favor de los derechos humanos y labores “que se nos han negado históricamente”, dijo.
La Brat mencionó en entrevista que hay que considerar el antecedente de la represión al movimiento estudiantil de 1968 previo a las Olimpíadas en México como una práctica continua de los poderes, que busca eliminar la disidencia para “presentar una postal ante el mundo que no es la realidad”.
“Parte de esa postal es esta ciclovía, es el blanqueamiento de esta zona de la ciudad que históricamente ha tenido trabajo sexual. Esto no es una cosa de ciclistas contra trabajadoras sexuales, como se ha sostenido en el discurso. Nosotras queremos que se nos tome en cuenta, para que las colegas que trabajan aquí participen de la toma de decisiones y que no terminen imponiendo sus puntos de inclusión, donde ellos quieren, nada más porque sí”, apuntó.
Exclusión ciudadana
Para los vecinos de la zona, que han denunciado la violencia institucional que esconden las dilaciones que el gobierno impone al avanzar proyectos inmobiliarios a gran escala sin consultarles, esta lucha ha tenido un costado positivo: han logrado reforzar su propio proceso de organización, fundando una red vecinal contra el cártel inmobiliario.
En este trabajo común, han identificado 45 nuevos megadesarrollos inmobiliarios, sólo contando aquellos que tienen su fachada en la calzada de Tlalpan, entre Pino Suárez y Río Churubusco, es decir, en menos de ocho kilómetros. “Estos desarrollos implican, según los cálculos que hemos hecho con la red de vecinos, una nueva colonia de entre diez y trece mil habitantes”, explicó Gabriela Ortega, una de sus integrantes y fundadora, en entrevista con Desinformémonos.
Esto implica que sobre la calzada de Tlalpan crecería la densidad poblacional de forma exponencial, sin haber hecho ningún adecuamiento en los servicios públicos añosos de distribución de agua, saneamiento, recoleccción de basura, entre otros. “No se tiene contemplado este aumento de población, esta densificación del suelo y hacinamiento provocados en una zona con suelo lacustre muy frágil”, apuntó.
La red vecinal ha confirmado que ninguno de estos desarrollos cumple con las colindancias sísmicas, que son necesarias para evitar futuras catástrofes, como las ocurridas en los sismos de 1985 y 2017. “Haciendo una recopilación de información desde 1985, en la Ciudad de México se generó un problema serio con el sismo de ese año, que nos permitió a muchos de quienes residimos en esa zona empezar a ser un poco más analíticos de la situación y las circunstancias que habitamos”, contó Salvador Munguía, uno de los vecinos de la red que más se ha dedicado al estudio del suelo.
En diálogo con Desinformémonos, don Salvador explicó que hasta el momento la autoridad no les ha brindado ningún tipo de información oficial respecto a este enorme desembarco de torres sobre calzada de Tlalpan. “Es importante entender que el tema en la alcaldía Benito Juárez es muy complicado porque, aunque estamos en un espacio urbanizado, nuestra alcaldía goza de un tipo de suelo que nos pone en una situación de cuidado”, explicó.
La red de vecinos ha sistematizado que la medición del suelo firme bajo la calzada de Tlalpan, originalmente una zona lacustre, está a 40 metros de profundidad desde la superficie. Eso diferencia y caracteriza al territorio que ha sido puesto en jaque. Munguía explicó que existe arena en el subsuelo, por lo que es blando y que, cuando ocurre un sismo, hace subir al agua y bajar el suelo, por el peso de las construcciones.
“A cuarenta metros de profundidad está la base firme de lo que era el lago de Texcoco, que aquí estaba uno de sus siete lagos. Esto significa que, si vas a construir, te enfrentas a situaciones muy adversas, sobre todo si se trata de edificar elementos tan verticales, en un espacio tan inestable”, explicó. Sin embargo, las pretensiones oficiales parecen querer asemejar a la calzada de Tlalpan a lo construído con Park Avenue en Nueva York, Estados Unidos, como una barrio exclusivo de edificios y áreas comerciales de gran altura.
“Calzada de Tlalpan es fundamental en este momento en que se viene el Mundial de fútbol en México, y por eso se le pretende dar una supuesta belleza a este lugar, permitiendo estos desarrollos. Pero no nos queda claro si, incluso con la construcción del segundo piso que ya comenzó, más que generar una mayor movilidad para la gente esto vaya a generar una afectación muy importante en esta zona sísmica del Valle de México”, apuntó.
Es por esto que la red de vecinos se ha sumado a la exigencia para que se realice una moratoria urbana, al igual que el Frente de Pueblos en Defensa del Anáhuac, y que se haga un estudio de suelo consciente y una planeación adecuada a las condiciones de la ciudad. “La moratoria no es que se detenga todo, sino aceptar que mientras no tengamos planeación, vamos a tener problemas. Casi la mitad del suelo de la alcaldía Benito Juárez está sobre el lago y eso la vuelve sensible, no porque el movimiento desestabilice, sino porque sus suelos provocan un daño acelerado en la construcción”, sostuvo.
Sin embargo, el punto crucial de la crítica vecinal se centra en la falta de responsabilidad social de todas las partes, tanto del gobierno que permite tomar decisiones de corto plazo, guiadas por el dinero y el interés económico; de los privados que construyen y se van; pero especialmente de la ciudadanía, que permanece apática ante múltiples atropellos: “a la sociedad nos falta hacer nuestra parte. No quiero resolver el tema con que tenemos autoridades corruptas. La corrupción sucede cuando la sociedad se aleja de su responsabilidad, de tener presencia y participación”, concluyó.
