El despliegue de 100 mil elementos de seguridad y militares en México, las deportaciones y redadas contra migrantes en Estados Unidos y la crisis de vivienda y amenazas de desplazamiento poblaciones en Canadá marcan el panorama de los países anfitriones del Mundial 2026, donde las comunidades locales, periodistas, trabajadores, jugadores y aficionados “corren peligro de encontrarse con inquietantes ataques contra los derechos humanos”, advirtió Amnistía Internacional.
En su informe “La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, la organización expone cómo las restricciones a la libertad de expresión y protesta pacífica en los tres países norteamericanos amenazan el torneo “seguro, acogedor e inclusivo” que prometió la FIFA.
En el caso de México, el informe alerta cómo la militarización de la movilización de seguridad en México para el torneo “entraña el riesgo de que puedan reprimirse nuevas protestas”, que en los últimos meses se han intensificado para denunciar las afectaciones al suministro de agua, los problemas de acceso a la tierra y el aumento de los precios y la gentrificación vinculados a la construcción de infraestructuras en la capital.
Recordó que México ha movilizado 100 mil agentes de seguridad, incluidos militares, que ponen en riesgo a quienes protestan contra el Mundial, entre los que se incluyen “las mujeres activistas que están planeando una protesta pacífica para el partido de inauguración en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la que pedirán verdad, justicia y reparación por la desaparición de sus seres queridos”.
Amnistía Internacional también manifestó su preocupación frente a la “emergencia de derechos humanos” que atraviesa Estados Unidos por las políticas del presidente Donald Trump, especialmente en materia de migración a través de detenciones arbitrarias y en masa llevadas a cabo por agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias.
“El gobierno estadounidense ha deportado a más de 500 mil personas desde Estados Unidos en 2025: más de seis veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife”, declaró el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.
En Canadá, por su parte, la organización recodó que el impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y la creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes. Tan sólo el pasado 15 de marzo, las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida contra el frío invernal para personas sin hogar, ya que el lugar donde se ubicaba había sido reservado para su uso por la FIFA.
“Mientras la FIFA genera ingentes ingresos con la Copa Mundial de 2026, no se puede hacer pagar el precio a la afición, las comunidades, los jugadores, los periodistas y los trabajadores y trabajadoras. Es a estas personas —no a los gobiernos, los patrocinadores o la FIFA— a quienes pertenece el fútbol, y sus derechos deben ocupar un lugar central en el torneo”, insistió Cockburn.
AI señaló que, a poco más de diez semanas hasta el inicio de la Copa Mundial, se requieren acciones urgentes para garantizar que “la belleza del juego no corre el riesgo de tener un feo resultado”.
