Foto: Eliana Gilet
El protocolo de seguridad anunciado por el gobierno de la Ciudad de México para la inauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, “dispone un escenario para la represión” a la protesta, pues incluye medidas como el acordonamiento de áreas de acceso al estadio y el despliegue de más de 8 mil policías, denunciaron colectivos de la Asamblea Antimundialista.
“Para los colectivos que han anunciado una jornada de protesta previa al partido inaugural, este protocolo de seguridad expuesto por la jefa de gobierno atenta contra el derecho humano a la protesta y dispone un escenario para la represión”, acusó la Asamblea en un comunicado urgente.
Los activistas señalaron que con el protocolo también se genera una campaña que incrimina las manifestaciones, al indicar que no se permitirá la entrada a personas externas “por temas de seguridad”. Es una estrategia, puntualizaron, “como si nosotros también fuéramos enemigos a combatir”.
Añadieron que las medidas, anunciadas por las autoridades capitalinas junto con el nuevo estadio el pasado 24 de marzo, “ponen en riesgo” a quienes durante meses se han organizado en rechazo al Mundial y los impactos que ha provocado en la Ciudad de México, como el despojo y el desplazamiento forzado, la gentrificación y el saqueo de agua.
“Mientras a quienes buscamos visibilizar demandas sociales se nos reprime, al Estadio Banorte y Televisa se les está brindando un cerco policial que impide el acceso a sus recintos desde un rango más amplio que las acciones de manifestación”, criticaron.
De acuerdo con la Asamblea, la amenaza de represión se suma al hostigamiento del que desde hace meses son víctimas por protestar contra el Mundial y el cual se ha intensificado en los últimos días, pues desde el 27 de febrero se ha desplegado un mayor número de policías en las convocatorias y se ha buscado que las manifestaciones en el bajopuente aledaño al entonces Estadio Azteca no se realicen.
Ante el “panorama represivo”, los colectivos exigieron “un alto a la discriminación de la jefa de gobierno y su preferencia por atender a las empresas privadas y no a la ciudadanía”, así como que se garantice el derecho a la protesta “por encima de empresas privadas”.
