Foto: Vecinos de Santa Úrsula intervienen el bajo puente frente al Estadio
Vecinos del pueblo de Santa Úrsula Coapa e integrantes de la Asamblea contra las Megaconstrucciones Tlalpan-Coyoacán exigen que todos los sitios remozados con dinero público para el Mundial 2026 sean convertidos en propiedad común. El pozo de Televisa y el estacionamiento del Estadio son parte de este reclamo.
Ambas instalaciones son contiguas al Estadio: el pozo concesionado en 2019 a la empresa televisiva y el estacionamiento, donde desde hace cuatro meses se realizan las obras para un colector pluvial que pretender evitar futuras inundaciones de la zona durante el evento deportivo, que será durante la temporada de lluvias del próximo año.
En una nueva acción de intervención cultural y artística en el bajopuente frente a la explanada del exEstadio Azteca, los vecinos detallaron en conferencia de prensa —en la mañana de este 30 de noviembre— que las obras del estacionamiento se están financiando con fondos públicos, sin que exista un acuerdo legal por escrito, sino “derivado de la buena voluntad de Televisa” —según han manifestado funcionarios— para instalar un sistema de captación de agua de lluvia en terrenos privatizados por la televisora.
“El Estadio Azteca dona su espacio de estacionamiento para instalar esta red, en supuesto beneficio de las colonias, pero nosotros decimos que el gobierno de la ciudad está usando nuestros derechos como moneda de cambio”, expresaron. Mientras este dinero público fluye en favor del evento privado para mejorar zonas de la ciudad y favorecer a las empresas inversionistas y el turismo internacional, la FIFA no será obligada a pagar ningún impuesto en México ni invertir con dinero en estas mejoras.
“Durante años, vecinos y vecinas hemos padecido inundaciones y el gobierno nos argumentaba que había falta de presupuesto para encontrar una solución a esta problemática. Ahora, mágicamente no existe ningún impedimento para realizarlas, y se hacen en un predio propiedad de Televisa”, explicaron.
Es por esto que las comunidades vecinales han elevado la necesidad de expropiar toda zona que se vea remozada para el Mundial con presupuesto público. “Bajo estas circunstancias, solicitamos que donde hay infraestructura pública, que se está pagando con los impuestos de las personas, haya expropiación”, exigieron.
Esto es parte de la novedad principal de una carta que, este 1 de diciembre, los vecinos organizados entregarán ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que incida en favor de las exigencias de las comunidades locales.
Tierra despojada
La conferencia de prensa sucedió en medio de una serie de movimientos y avances poco transparentes —por no decir sucios— de parte de los funcionarios de gobierno locales, que han embarrado la cancha para neutralizar o silenciar la protesta social.
Por un lado, en la conferencia mañanera del 27 de noviembre, Sheinbaum estuvo secundada por los gobernadores de los tres estados que serán sede del Mundial 2026 (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León), quienes pretendieron instalar la idea de un “mundial incluyente”, aplastando la disidencia.
“Como vecinos del Estadio Azteca calificamos las declaraciones de la jefa de gobierno como mentiras y falsas promesas. Para nosotros, los proyectos que se están llevando a cabo para el Mundial son un despojo de servicios de agua, drenaje, movilidad y acceso a comercios. Queremos decirles que no existe ningún Mundial incluyente, ante este despojo del gobierno de la Ciudad de México”, señalaron durante la conferencia.
El elemento central de conflicto tiene que ver con la actitud de los funcionarios, que han querido negar públicamente la existencia de la concesión título 811078, otorgada a Televisa para extraer 450 millones de litros anuales, que aparece en el registro federal de Conagua y sobre la cual se firmó un “acuerdo” temporal con el gobierno capitalino para que la empresa privada done a la red pública el caudal de agua subterránea que extrae, y aplacar así el conflicto social que la privatización del líquido vital trajo asociado.
“Esta aportación burocrática de agua no debería existir, porque si ese pozo ya está siendo parte de la utilidad pública, queremos que se expropie por la misma razón”, afirmaron.
Por otro lado, una empresa concesionaria de publicidad de la refresquera Coca-Cola cubrió con una lona blanca el mural que la comunidad había realizado por segunda vez (el cual fue realizado y borrado ya en dos ocasiones en menos de un mes) en conjunto con el artista urbano Vlocke Negro.
En esta ocasión, la obstrucción a la libertad de manifestación se hizo presente con un funcionario, quien dirigió a una cuadrilla de trabajadores para que colocaran una lona blanca del tamaño del muro, impidiendo que los vecinos pudieran concretar la protesta como la tenían planeada. Sin embargo, se expresaron sobre la tela, que intervinieron con la frase: “el mundial pasa, el DESPOJO se queda”.
A pesar de esto, los vecinos lograron un avance crucial esta semana, ya que el gobierno de la ciudad reconoció que ese fragmento de terreno donde han intervenido el espacio público forma parte del pueblo originario de Santa Úrsula Coapa.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México les comunicó a las autoridades tradicionales y a la comunidad organizada del pueblo que tanto la cuchilla de terreno como el bajopuente no pueden ser concesionadas ni entregadas a ninguna empresa privada, porque son parte del territorio del pueblo: “poco a poco, estamos ganando terreno a través de estas intervenciones”, celebraron.
Informaron que, en las mesas de negociación que el gobierno capitalino ha mantenido con los vecinos, los funcionarios asumieron el compromiso de realizar en esa zona un jardín captador de agua de lluvia y se comprometieron a respetar los murales de protesta que ha hecho (y hará) la comunidad. “Nadie tiene derecho a quitarlos como hicieron la semana pasada, porque esto es parte del pueblo originario de Santa Úrsula Coapa”, reclamaron.
“Para intervenir esta zona o hacer intevenciones comerciales (como poner anuncios), cualquier empresa necesitaría primero pedir pemiso a la autoridad tradicional aquí presente, pero como no se ha pedido, quien está haciendo estas intervenciones en la ilegalidad no somos nosotros, es Coca-Cola”, denunciaron.
Movilidad y comercio excluyentes
Además de la preocupación por la gestión del agua y el drenaje —que es el gran tema que alerta a la comunidad de cara al Mundial de fútbol 2026—, los vecinos de la Asamblea señalaron sus críticas a otros dos grandes proyectos que, con dinero público, se han echado a andar en la zona, y que serán capitalizados por las empresas que financian el evento deportivo privado.
Por un lado, está la construcción de un trolebús, bautizado “cacomixtle”, que pretende unir al metro de Ciudad Universitaria con Huipulco, la parada de transporte colectivo más cercana al Estadio. Aunque originalmente el gobierno de la capital anunció que construiría un transporte elevado para este trolebús, dada la angostura de la zona donde se pensó su trazado, esto fue dejado de lado sin mayor explicación.
“Su mala planeación ha hecho que los vecinos de las calles San Gabriel y San Cástulo y la Avenida del Imán pierdan los accesos sobre sus viviendas, porque el trolebús no puede entrar por las calles estrechas”, denunciaron en conferencia.
La construcción de esta nueva línea de trolebús se vincula, de nuevo, a la exigencia de la FIFA por un “transporte verde”, que en la publicidad pueda ser presentado como una forma de emparentar al evento deportivo con la disminución de gases de efecto invernadero en México. Sin emabrgo, los vecinos tacharon de “ridículas” estas pretensiones, frente al cálculo de que el Mundial hará aterrizar cerca de 21 mil vuelos de avión diarios en Ciudad de México: “acorde con esta información, que se usen trolebuses en la ciudad no tendrá ningún impacto en la disminución de los gases de efecto invernadero”, sentenciaron.
“México sigue produciendo energía eléctrica mayormente a partir de la combustión de carbono, por lo que crear una línea de transporte eléctrico sin que exista un programa de transisión energética que beneficie a las comunidades locales y a la población en general es parte del greenwashing que maneja la FIFA para decir que está planeando una ciudad verde”, señalaron.
Del mismo modo, los vecinos entienden la construcción de la ciclovía en la Avenida Tlalpan que, a la altura del Estadio, ha causado una complicación enorme para las personas que habitan en los pueblos de Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, y abordan allí el transporte público hacia sus colonias, teniendo que aventarse peligrosamente sobre una vía rápida para poder abordar.
El otro problema que ya padece la zona se debe al desalojo de los comerciantes callejeros del entorno al Estadio que llevaban treinta años allí —específicamente los que se ubicaban en el paradero de Huipulco— tras la promesa gubernamental de construirles un edificio para reubicarles, del cual no se conoce más detalle.
“Este paradero será remodelado para mejorar el acceso al Estadio, por eso vemos que la remoción de los comerciantes se debe a medidas estéticas, que no tienen nada que ver con seguridad o protección civil”, apuntaron los vecinos.
Lo mismo ocurre con el desplazamiento de dos tianguis clásicos de Coyoacán —el de Santa Úrsula de los martes y el de los fines de semana sobre la Avenida del Imán—, que ha obligado a que los vecinos tengan que acudir a grandes superficies en vez de acudir al comercio local: “esto aumenta nuestro gasto y afecta a los productores locales, que ya no tienen espacios de comercio”, concluyeron.
