Agentes infiltrados, dramas románticos, persecución penal y en la prensa, cientos de días presas y presos: la persecución a la disidencia en Brasil
«Aunque las protestas contra el Mundial han perdido fuerza en el último mes, las autoridades organizaron la mayor movilización policial de la historia, con 26 000 policías y soldados, para prevenir cualquier incidente relacionado con estos focos de protesta o posibles enfrentamientos entre hinchas argentinos y brasileños en el último día de un torneo hasta ahora notablemente pacífico», informaba El País Brasil el 12 de julio de 2014, víspera de la final en el Maracaná entre Alemania, que nos había derrotado por 7 a 1 en el Mineirão, y Argentina, cuya hinchada protagonizó una verdadera invasión en Río de Janeiro en aquellas semanas, con gente montando grandes campamentos en la arena de las playas de la zona sur. Río, que ya era un caos de por sí, estaba aún más caótico en aquellos últimos días del Mundial. Las protestas, de hecho, se habían enfriado, como vimos en Memorias del Mundial: Limpiar las calles de Brasil.
Todos los que seguían las revueltas se despertaron aquella mañana, la víspera de la final de la Copa, con un video que se difundía rápidamente en computadoras y celulares. La imagen mostraba a cuatro agentes de la Policía Civil de Rio Grande do Sul y de Río de Janeiro, aún en plena madrugada, golpeando una puerta doble de madera blanca con reja oscura. Un policía golpea la puerta, mientras otro bromea: «El tipo tiene un AK-47 ahí en la puerta», y provoca una sonrisa en los demás. Los residentes aparentemente están durmiendo y tardan en responder a los golpes.
Dicho y hecho. Cuando se abre la puerta de madera, el hombre se muestra claramente adormilado y confundido. «Buenos días, ¿qué está pasando?», pregunta. «Abra ahí [la segunda puerta, enrejada], y vamos a hablar», responde el agente.
«No se abre», dice una voz femenina que aparece en la sala, a lo que todos los agentes responden al unísono: «Sí se abre, si no vamos a derribar y romper todo esto aquí. Somos de la policía y hemos venido a ejecutar una orden de detención contra la señora Elisa Quadros». Horas más tarde, Sininho (como se la conocía) se uniría a otros 18 manifestantes también detenidos preventivamente a primera hora de la mañana.
La acusación contra Elisa que repetían todos los medios de desinformación era la de «liderar los black blocs», un papel construido artificialmente desde el año anterior por los mismos medios de comunicación cuando ella fue elegida como uno de los rostros de las revueltas de 2013 para ser explotado en la prensa. Elisa Quadros, la Sininho, había fomado parte de Ocupa Cabral, una ocupación de calle, delante de la casa de Sergio Cabral, entonces gobernador del estado de Rio de Janeiro.
«Según los agentes encargados de la operación, los registros en los domicilios de los acusados permitieron incautar máscaras antigás, un revólver —que pertenecería al padre de uno de los detenidos—, material explosivo y computadoras con registros de las comunicaciones entre los militantes», informaba el artículo de El País mencionado anteriormente. En ese momento, las autoridades negaban que las detenciones sirvieran para desmovilizar las protestas, a pesar de la coincidencia con la final del Mundial.
Fernando Veloso, uno de los delegados a cargo, afirmaba que los 19 detenidos formaban una banda que planeaba «cometer actos violentos» durante las dos protestas programadas para el domingo de la gran final. «Planeaban ataques y se aprovechaban de problemas reales para organizar manifestaciones en las que utilizaban artefactos para incendiar autobuses, destrozar sucursales bancarias, entre otras cosas», explicó la delegada Renata Araújo. El caso estaba en manos del juez Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, conocido por su «línea dura».
Además de Sininho, las fuerzas de seguridad buscaron a otras 29 personas esa madrugada y sus nombres completos y apodos aparecieron en toda la prensa. 18 de ellos (incluida Elisa Quadros, la Sininho) fueron detenidos y trasladados a la Ciudad de la Policía. Dos manifestantes menores de 18 años fueron detenidos y otros 9 no fueron encontrados y pasaron a ser considerados fugitivos.
Una vez finalizado el Mundial, el 15 de julio, la justicia de Río concedió el hábeas corpus a 12 de los detenidos. El Instituto de Defensores de Derechos Humanos (DDH) logró la liberación de otros tres, y los dos restantes fueron puestos en libertad de manera individual por la Comisión de Defensa, Asistencia y Prerrogativas de la OAB-RJ (Orden de Abogados de Brasil – Río de Janeiro) y por el abogado Marino D’Icarahy, padre de uno de los que permanecieron detenidos.
La liberación fue una gran fiesta ese día, mientras los 9 fugitivos seguían lejos de las garras de la represión. En la práctica, solo los que sumaban prisión preventiva y detención en flagrante permanecieron encarcelados. Pero todos estaban bajo investigación.
Tres días después, el 18 de julio, la justicia aceptó la denuncia del Ministerio Público y ordenó el arresto de 23 manifestantes por asociación criminal armada. Así se creó la imagen de los «23 de Río de Janeiro».
Presos y presas
Elisa Quadros (Sininho), Camila Jourdan e Igor D’Icarahy permanecieron detenidos el día 15, supuestamente capturados en flagrante con explosivos. Salirían de la cárcel el día 19, lo que nunca ocurrió. Antes de la liberación prevista se había dictado una nueva orden de detención.
A ellos se sumaron otros once manifestantes que habían sido puestos en libertad días antes: Rebeca Martins, Bruno Machado, Emerson Raphael, Pedro Brandão, Felipe Frieb, Filipe Proença, Rafael Caruso, Gabriel Marinho, Karlayne Pinheiro, Joseane Maria y Eloysa Samy. Otros siete nombres, anteriormente fugitivos, también ingresaron al sistema penitenciario: Luiz Rendeiro Júnior (Game Over), Igor Mendes, Drean Corrêa, Shirlene Feitoza, Leonardo Pereira, Pedro Guilherme y André Basseres. Para completar la lista, la justicia de Río de Janeiro añadió a la misma a Fábio Raposo y Caio Rangel, detenidos desde febrero acusados de la muerte accidental del camarógrafo Santiago Andrade.
«En la investigación inicial de los 23 no figuraban Caio ni Fábio; luego, la Fiscalía los incluyó, lo que en ese momento consideramos una maniobra para criminalizar aún más nuestro proceso, acusándonos de asociación ilícita. Dado que había una gran conmoción mediática en torno a la tragedia de Santiago Andrade, intentaron aprovechar esa conmoción para vincular a los chicos con nuestro caso. Primero, para intentar criminalizarnos aún más, endosándonos un caso bastante trágico y mediático. Segundo, para perjudicar a Caio y a Fábio en su propio proceso, metiéndolos en otro proceso, esta vez por asociación criminal. Tanto es así que la Fiscalía reconoció que una cosa no tenía nada que ver con la otra y solicitó la absolución de Caio y Fábio en relación con el proceso de los 23, pero ellos siguieron respondiendo por lo de Santiago. Es decir, intentaron juntar algo que no tenía nada que ver para agravar el panorama de criminalización», explicó Filipe Proença, en agosto de 2018, semanas después de que el juez Itabaiana dictara las duras sentencias de los 23 de Río.
El caso está plagado de idas y venidas del sistema penitenciario y es una de las historias de las recientes revueltas brasileñas que pone de relieve la importancia de la cuestión carcelaria para la movilización popular. Camila Jourdan (2) e Igor Mendes (3) han publicado excelentes libros sobre el período que pasaron sin libertad. En ambas obras ofrecen reflexiones relevantes sobre el tema. Camila habla de las semanas que pasó en prisión y muestra por qué el informe de 2000 páginas que la señala como una «líder del black bloc» es completamente ficticio. Por su parte, Igor ofrece un relato detallado de los casi 200 días que pasó encarcelado.
Militante del MEPR (Movimiento Estudiantil Popular Revolucionario), una organización maoísta, y hincha del Botafogo, Igor fue detenido en noviembre de 2014 tras violar su libertad condicional y participar en una manifestación en Cinelândia que pedía el fin de la persecución contra los 23 de Río. No dio ningún discurso, nada. Solo apareció con una mordaza en la boca junto a otros perseguidos. Como no podían participar en manifestaciones, el juez Itabaiana ordenó su detención. No sería liberado hasta junio de 2015.
«João Rufino dos Santos, un gran historiador negro y una figura importante, decía que en el fondo de una celda se condensa toda la historia de Brasil. El día que logremos ganarnos a esa juventud rebelde que, ante la falta de perspectivas, acaba tomando un camino que la lleva a la cárcel; el día que logremos que esa juventud se comprometa de manera consciente, la revolución estará hecha. El problema es que hacer eso no es fácil. Hoy en día tenemos una izquierda hegemónica perfumada que solo se dirige a funcionarios públicos e intelectuales, y nosotros somos parte de eso de cierta manera, que no solo no dialoga, sino que tampoco se mezcla con esa población. Nuestra generación de militantes, que nació al inicio de esta Nueva República, aunque tenga una formación crítica, solo conocía la cárcel por los libros. Creo que lo que volvió a suceder fue precisamente el endurecimiento de las leyes penales y del poder punitivo dirigido contra la disidencia política, algo realmente inédito desde el fin de la dictadura. Nuestra generación, que conoció la militancia en este período democrático, conoció por primera vez las mazmorras del sistema penitenciario. El 2013 terminó uniendo estos ríos, estas dos corrientes: la militancia política y social y esa gran masa carcelaria invisibilizada, que en realidad son los hijos bastardos de este proceso de redemocratización. La dictadura militar nos legó una población carcelaria de 90 mil personas en 1990 y hoy es de un millón de personas. Oficialmente, el régimen militar tiene cientos de desaparecidos políticos, lo que evidentemente es una tragedia, y probablemente una cifra subestimada. Pero desde 1988 (año de la Constitución) hasta ahora ya tenemos más de 100 mil desaparecidos. ¿Y quiénes son los desaparecidos? Las poblaciones periféricas, las mismas que son arrestadas, asesinadas y torturadas por la policía”, evaluó Igor Mendes en una entrevista con Desinformémonos/Fuera de Lugar.
“Y digo más”, añadió: “esa población carcelaria aumenta en Brasil bajo el égida de los gobiernos progresistas. Entre 2006 y 2010 se duplica debido a la infame Ley de Drogas de 2006. Es bajo el gobierno de Lula I cuando se inaugura el sistema penitenciario federal, que es una tortura legalizada. Imagínate estar las 24 horas del día en una celda sin televisión, con control sobre todo, visitas monitoreadas y sin contacto físico de ningún tipo. ¿Y cuál es la explicación de que hoy, en Brasil, tengamos una extrema derecha con una amplia base popular? Es inútil buscar esas razones en una supuesta psique conservadora del pueblo brasileño que produce pobres de derecha (argumento común entre los progresistas); es el mismo idealismo y determinismo colonialista que decía que un pueblo era propenso a luchar y otro no. Pura tontería. Lo que explica esta adhesión son cosas bastante mundanas y concretas: esta población pobre y marginada fue abandonada por todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, volviéndose muy susceptible a estos predicadores de esquina».
Filipe Proença comparte una visión similar: «Denunciábamos la naturaleza del Estado brasileño, que persigue y criminaliza a los pobres y a los negros, que asesina a la gente en las periferias y las favelas del país. Y ahí está el caso de Amarildo: ya en 2013 denunciábamos la farsa que eran las UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora, proyecto progresista de seguridad comunitária durante los primeros gobiernos Lula), algo que se ha ido haciendo cada vez más evidente. La UPP es hoy un proyecto totalmente desmoralizado, un proyecto que reveló su verdadera cara y que, de hecho, solo logró asesinar a negros y pobres. No hubo pacificación alguna y ya sabíamos allá por 2013 que la idea de la pacificación era una farsa, un proyecto electoralista que no resolvería nada de los problemas de seguridad pública de Río, además de solo haberlos agravado. En este contexto, si tomamos una por una las reivindicaciones de 2013, la historia nos ha dado la razón. Teníamos toda la razón y hoy vemos que el estado de Río de Janeiro ha sido saqueado por la banda que sigue en el poder, mientras que aquellos que previeron y denunciaron los crímenes de esa banda fueron arrestados y criminalizados, lo cual no tiene sentido ni lógica alguna».
Persecución
El Frente Independiente Popular (FIP), la principal organización paraguas de aquel período en Río de Janeiro, reunía en sus foros y asambleas públicas a buena parte de los colectivos y organizaciones que participaron en las protestas de 2013 y también en 2014. Esto no significa que todos los perseguidos estuvieran vinculados al FIP desde el principio. Gran parte de ellos se fue sumando con mayor o menor intensidad a lo largo del desarrollo de las luchas o incluso después de haber sido vinculados a esa organización por la acusación.
«En este proceso contra los 23, el Estado intenta acusarnos de los delitos de asociación ilícita y corrupción de menores. Están tratando de crear una asociación ilícita entre 23 personas que ni siquiera se conocían. Claro que, después de cinco años enfrentando un proceso, algunos terminaron conociéndose. Antes de eso, alguna que otra persona se conocía por participar en los mismos grupos, pero no era un grupo centralizado del que formaran parte los 23 y en el que deliberaran. Por ejemplo, Pedro Guilherme y yo somos militantes del SEPE (Sindicato Estatal de Profesionales de la Educación), y así nos conocíamos. Hay gente que era de Ocupa Cabral, otros de Ocupa Cámara, hay gente que era de movimientos estudiantiles. Es decir, juntaron a un montón de gente de varios grupos y organizaciones, algunos que ni siquiera pertenecían a ningún grupo, e intentaron forjar una supuesta banda, una supuesta asociación criminal. Mi actividad política en 2013 estaba totalmente enfocada en la lucha sindical, dentro de la escuela y del sindicato. Soy profesor de la red estatal y me organizo junto con este sindicato aquí en Río. Mi actividad es puramente sindical. Tanto es así que no me detuvieron en 2013 en las calles, sino que me buscaron en casa a altas horas de la madrugada», completa Filipe. Igor también relata, en su libro, que lo buscaron en casa, al igual que a su colega.
El proceso en su contra, repleto de elementos que caracterizaron una persecución política, tuvo sus altibajos. En 2015, la Fiscalía solicitó la absolución de cinco manifestantes y se llegó a considerar la posibilidad de anular el proceso, pero la situación inicial se mantuvo. Años después, el 17 de julio de 2018, el juez Itabaiana condenó a los 23 de Río de Janeiro a penas, en la mayoría de los casos, de 7 años de prisión. Sin ninguna lógica, Sininho fue condenada junto a Caio y Fábio como responsable de la muerte de Santiago Andrade. Camila Jourdan e Igor D’Icarahy, debido a un flagrante falso de explosivos en el momento de la detención, terminaron condenados a una pena adicional de 6 años.
«En mi opinión y en la de muchos compañeros, se trata de un proceso político que intenta criminalizar la disidencia. Si analizas la sentencia, punto por punto, esto queda muy claro. Por ejemplo, intentan presentar a Ocupa Cabral, un movimiento legítimo, un campamento instalado en la calle de la casa del entonces gobernador, como un movimiento criminal que impediría el derecho de Sérgio Cabral a ir y venir», ironizó Filipe Proença.
Infiltrados policiales, problemas conyugales y delaciones
En el momento de la entrevista, Proença también denunció que los investigadores utilizaron escuchas telefónicas, infiltrados de la Fuerza Nacional y policías civiles para seguir la pista a los manifestantes. Pero que, aun así, «solo lograron dictar una sentencia a partir de un escrito basado en conjeturas, sin ninguna prueba concreta contra los manifestantes». Proença se refería a dos casos: el de Felipe Braz, a quien señaló como el «testigo central» de la acusación, ya que el proceso se basaría exactamente en su declaración, y el de Anne Josephine Rosencrantz, quien habría delatado tras descubrir una infidelidad conyugal.
«Es muy importante que hablemos de Felipe Braz, ya que fue el testigo principal de un proceso basado casi exclusivamente en su declaración. Y si en las grabaciones de las llamadas no aparece prácticamente nada del discurso de los infiltrados, es porque él es el testigo clave. Y sin ninguna credibilidad para ello, ya que tenía un interés personal directo en perjudicar la vida de los 23. Asistía a las asambleas de la FIP (Frente Independiente Popular) y a algunos espacios del movimiento de 2013. Comenzó a relacionarse con una de las manifestantes. Sin embargo, la relación terminó, él no aceptó su fin y comenzó a acosar de manera sistemática y extremadamente machista a su excompañera. La siguió por la calle, en su lugar de trabajo, en su residencia… Una actitud abusiva y machista. Entonces, una organización feminista denunció al joven públicamente —y era una organización cercana a algunos de los 23», explica.
Resulta que, a partir de la denuncia, como forma de represalia contra las personas que la apoyaron o difundieron —algunos de los 23 la apoyaron— y ante la exposición que sufrió en las redes sociales, el joven habría acudido a la Policía Civil y entregado una lista con cien nombres que, según él, eran los responsables de las acciones de 2013 y 2014.
«Es decir, todo lo que hizo la juventud y todo lo que ocurrió sería obra de esas personas de la lista —en la que ya figuraban el nombre, el teléfono y la dirección de la mayoría. Se trata de un testigo sin ninguna credibilidad, con un interés personal en atormentar la vida de las personas como represalia por otro asunto. Y es la única “prueba” que vinculaba a los 23 en el proceso», concluyó.
El otro caso habría comenzado aún en julio de 2014, cuando los 23 fueron detenidos y trasladados de la Ciudad de la Policía al Complejo Penitenciario de Gericinó, en Bangu. En esa ocasión, Elisa Quadros, detenida dentro del autobús, fue fotografiada mientras se escabullía del vehículo e intercambiaba caricias con Luiz Rendeiro Júnior, el Game Over, quien se encontraba en la calle y permanecería prófugo durante algún tiempo. La foto apareció en todos los periódicos y, según se informó más adelante, se supo por la prensa que el 11 de junio de ese año, un mes antes de las detenciones, la estudiante Anne Josephine, de 21 años y entonces pareja de Game Over, habló con la policía en represalia por la traición conyugal.
«En represalia, la traicionada traicionó: relató a la policía las maquinaciones y los actos cometidos por los enmascarados, como el intento de incendiar la Cámara de Concejales», dice un fragmento de reportaje sobre el caso. El testimonio de Anne habría fundamentado las detenciones iniciales y el de Braz, el proceso posterior.
Sininho y Game Over siguieron juntos y, a juzgar por las fotos que coleccionaron, al parecer vivieron años felices. Pero un capítulo aún más trágico los esperaba un domingo, 26 de marzo de 2023, en Nova Friburgo, en la región montañosa de Río de Janeiro, donde compartían sus vidas. Ella lo encontró muerto. Desesperada, llamó a los bomberos, que no pudieron hacer nada. El caso quedó registrado como suicidio.
Demasiado tarde
La partida de Game Over fue muy recordada el 19 de marzo de 2024, casi un año después, cuando los 23 de Río de Janeiro fueron finalmente absueltos. Ese día fui el primero en dar la noticia, tal vez por mi cercanía con algunos de los 23, tal vez por el desinterés de la prensa en su caso una década después. La información fue confirmada por Camila Jourdan y por el legendario abogado de derechos humanos Antônio Carlos de Almeida Castro, conocido como Kakay, que defendió a 3 de los 23.
«La investigación estuvo plagada de ilegalidades, algunas de las cuales, como la participación de un agente infiltrado sin autorización judicial y las detenciones preventivas sin fundamento, fueron posteriormente reconocidas por el Poder Judicial. Así mismo, sin tener en cuenta la absoluta falta de pruebas de cualquier actividad ilícita y a pesar de la solicitud de absolución del Ministerio Público respecto a algunos acusados, todos los denunciados fueron condenados, en una sentencia aberrante», escribió Kakay.
En agosto de 2018, en una tarde lluviosa en São Paulo, durante una manifestación por la absolución de los 23 de Río, Jandyra Mendes, madre de Igor Mendes, resumió la situación: «Las persecuciones políticas y las detenciones sientan un precedente para la persecución de todos los movimientos sociales del país. Coartar las manifestaciones es coartar el derecho democrático. Y estamos aquí reivindicando esos derechos. Soy una mujer del pueblo, madre, hija y abuela. Pregunto: ¿cuál es el problema de que estos jóvenes hayan salido a la calle en contra de la Copa del Mundo de 2014, ya que no teníamos las condiciones para recibir una Copa del Mundo aquí en Brasil? No se puede tener un Mundial cuando falta comida en la mesa del pueblo, hay salarios atrasados, casas que han sido demolidas, además del caso de la aldea de Maracanã, de donde se expulsó a los indígenas. Hubo varias arbitrariedades en nombre de ese Mundial y ¿qué nos quedó?
Notas:
1. Artículo dedicado a la memória de Luiz Carlos Rendeiro Júnior, el Game Over, fallecido a los 34 anos en 26 de marzo de 2023
2. JOURDAN, Camila. 2013 – Memórias e Resistências. Coleção Ataque. Editoras Hedra e Circuito, 2019.
3. MENDES, Igor. A pequena prisão. N-1 edições, 2017
